La fiscalía ha presentado una querella contra la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar por la muerte de 87 personas ocurrida, un breve período entre marzo y mayo de 2020, como consecuencia de la falta de medidas preventivas frente al Covid-19. Can Amell, la fiscal, expone que la carencia de atención a los residentes se agravó con el confinamiento, que llegó a ser insostenible ante la falta de recursos y personal, como se describe en informes de inspección.
La can Amell señala que el responsable del centro, el director, obligó al personal a no usar mascarillas y forzó su presencia laboral incluso con síntomas, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de Covid-19. En medio de este contexto de carencias y dificultades, se llegó al cierre del centro en julio de 2020 y la intervención de la subdirección general de evolución e inspección, que decretó la suspensión del servicio, lo cual se corroboró con varias informaciones de inspecciones como la falta de atención a pacientes con necesidades o insuficiente medicación.
Con estas evidencias, la can Amell ha presentado una querella por homicidio imprudencial profesional grave contra los responsables, argumentando que sus decisiones y acciones implicarían negligencia e incapacidad para proteger a los pacientes. Se espera que la investigación siga su curso y se dicuten las sanciones correspondientes en base de los resultados de este caso.
Fiscales demanda homicidio imprudencial
La fiscalía ha presentado una querella contra la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar por la muerte de 87 personas ocurrida, un breve período entre marzo y mayo de 2020. Se argumenta que la falta de medidas preventivas frente al Covid-19 con el confinamiento insostenible ante la falta de recursos y personal debido a una serie de deficiencias.
Los informes de inspección evidencian que can Amell, la fiscal, expone que el director obligó al personal a no usar mascarillas y forzó su presencia laboral incluso con síntomas, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de Covid-19.
La can Amell plantea que son responsables del centro los responsables por homicidio imprudencial profesional grave debido a estas deficiencias. Se espera que la investigación continúe y se dicuten las sanciones correspondientes en base de los resultados de este caso.
La fiscalía ha presentado una querella
La fiscalía de la ciudad ha denunciado por homicidio imprudencial profesional grave a la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar, tras el fallecimiento de 87 personas. El caso se centra en los meses de marzo a mayo del 2020, durante las primeras semanas de una pandemia que impactó fuertemente a la población y puso a prueba al sistema de atención sanitaria. La fiscal can Amell explica la magnitud de la tragedia y la falta de medidas preventivas frente al Covid-19.
La querella se fundamentan en informes de inspección que revelan una serie de deficiencias en el centro de asistencia geriátrica. Los cuales evidenciaron que la falta de atención a los residentes se exacerbó con el confinamiento, hasta volverse insostenible ante un insuficiente stock de recursos y personal. Estas situaciones contribuyeron al cierre del centro en julio de 2020 y finalmente la intervención de la subdirección general de evolución e inspección.
La investigación continuará para determinar las responsabilidades del personal y los responsables, y si hay imputación de homicidio imprudencial profesional grave.
La fiscal explica que la carencia de atención
Can Amell, la fiscal de la ciudad, ha presentado una querella por homicidio imprudencial profesional grave contra la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar. El caso se centra en las muertes de 87 personas que ocurrieron entre marzo y mayo de 2020, durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, cuando el sistema de salud estaba a prueba. La fiscal explica que la falta de medidas preventivas frente al Covid-19 fue una de las causas de los décès. Can Amell explica que este tipo de muertes no deberían ocurrir y que la falta de atención previa implicó un alto riesgo para la población, especialmente en tiempo de pandemias.
De acuerdo a informes de inspección, se revela que la falta de atención a los residentes se agravó con el confinamiento, hasta llegar a ser insostenible ante un insuficiente stock de recursos y personal. La fiscal destaca las deficiencias en la gestión del centro por parte de su director, quien obligó al personal a no usar mascarillas y forzó su presencia laboral incluso con síntomas, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de Covid-19. Estos hechos se corroboraron con varias informaciones de inspecciones como la falta de atención a pacientes con necesidades o insuficiente medicación, lo que causó el cierre del centro en julio de 2020 y finalmente la intervención de la subdirección general de evolución e inspección -que decretó la suspensión del servicio.
La investigación se encuentra en curso para determinar las responsabilidades del personal y los responsables como consecuencia de este caso.
Se acusa al director de obligar al personal a no usar mascarillas y de forzar su presencia laboral incluso con síntomas, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de Covid.
La fiscal can Amell ha presentado una querella por homicidio imprudencial profesional grave contra la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar tras el fallecimiento de 87 personas. Esta acusación se basa en la falta de medidas preventivas frente al Covid-19, que contribuyó a un alto riesgo de contagio. La fiscal afirma que la carencia de atención preventiva fue agravada por el confinamiento, y la falta de recursos y personal.
Can Amell acusa al director de obligar al personal a no usar mascarillas y forzar su presencia laboral incluso con síntomas de Covid-19, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de este virus. Estas acciones, según la fiscal, generaron un clima de riesgo en el centro geriátrico. La subdirección general de evolución e inspección dio inicio a una investigación al determinar la suspensión del servicio y luego se confirma por informes de inspecciones, como la falta de atención a pacientes con necesidades o insuficiente medicación que culminó con el cierre del centro en julio de 2020.
Las autoridades sanitarias aún están investigando las razones de estas muertes para determinar responsabilidades del personal y los responsables. La fiscal can Amell ha presentado la querella y espera que la investigación continúe para determinar las sanciones correspondientes por la falta de medidas preventivas en el centro geriátrico.
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Esto llevó al cierre del centro en julio de 2020
La falta de recursos y personal, entre otros problemas, contribuyeron a un clima de riesgo en el centro geriátricos. El director obligó al personal a no usar mascarillas y forzó su presencia laboral incluso con síntomas de Covid-19, mientras que la directora médica ignoraba las necesidades de los pacientes con síntomas de este virus.
Estos hechos llevaron a la intervención de la subdirección general de evolución e inspección, a quien dio inicio una investigación al determinar la suspensión del servicio y luego se confirma por informes de inspecciones. Se evidenciaron incidentes como la falta de atención a pacientes con necesidades o insuficiente medicación. Finalmente, en julio de 2020, el centro de asistencia geriátrica se cerró debido a estos problemas, lo que desencadenó una investigación de autoridades sanitarias.
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La fiscalía plantea que los responsables del centro deben responder por homicidio imprudencial profesional grave debido a estas deficiencias
La fiscalía ha presentado una querella contra la dirección de la residencia Ca N’Amell en Premià de Mar por la muerte de 87 personas, ocurrida entre marzo y mayo de 2020. La fiscal se basa en que la falta de medidas preventivas frente al Covid-19 se agravó con el confinamiento insostenible ante un insuficiente stock de recursos y personal, lo que implicó una serie de deficiencias.
Sin embargo, can Amell expone que estos problemas no simplemente se derivan de un contexto de pandemia, sino que el centro era susceptible a situaciones críticas incluso sin esta. La fiscal argumenta que los responsables del centro deben responder por homicidio imprudencial profesional grave debido a estas deficiencias.
La fiscalía espera continuar investigando y eventualmente determinar responsabilidades en este caso por lo que se considera un homicidio imprudencial profesional grave de parte de los responsables del centro de atención.
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Conclusión
La tragedia de la residencia Ca N’Amell es un recordatorio potente de las dificultades por las que afrontó la sanidad durante la pandemia de Covid-19. La investigación abierta, junto con la presentación de una querella, nos impulsa a reflexionar sobre el impacto de un panorama que demanda más atención y mitigación de riesgos en situaciones de crisis sanitaria.
